La ertzantza vuelve a torturar.

El 1 de diciembre de 2006 el pleno del Parlamento de Gasteiz aprobó una importante proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno español a derogar la legislación antiterrorista, y a eliminar el régimen de incomunicación y la Audiencia Nacional. Y el 16 de noviembre de 2007, con el apoyo de los grupos parlamentarios de Aralar, Ezker Abertzalea, PNV, EA y EB, se volvió a aprobar otra iniciativa legislativa contra la tortura. Esa vez, instando a las Cortes españolas a una modificación de la Ley de Enjuiciamento Criminal que permitiera eliminar el régimen de incomunicación de las personas detenidas, así como la instalación de cámaras para grabar los interrogatorios.

Torturaren Aurkako Taldea se felicitó por ello, pero preguntó por qué pedían las autoridades autonómicas vascas al Gobierno español que eliminara el régimen de incomunicación y sin embargo se negaban a declarar que su Policía, la Ertzaintza, no iba a hacer uso en adelante, en ningún caso, de dicha medida.

Se suponía que el apoyo dado por el PNV a la propuesta implicaba que en adelante la Ertzaintza no iba a incomunicar a nadie, no al menos sin que el PNV se opusiera firmemente a ello, pero la triste realidad es que dichas incomunicaciones se han vuelto a producir: varios manifestantes anti-TAV detenidos el pasado 17 de enero en Urbina fueron no sólo incomunicados sino encima trasladados a la Audiencia Nacional con la pretensión de que fuesen juzgados por terrorismo.

El PNV no expresó la más mínima queja al respecto, dejando así muy claro que su apoyo dos años antes a la iniciativa legislativa instando al Gobierno español a que eliminara el régimen de incomunicación y la Audiencia Nacional era puramente hipócrita. Y que, aunque se vieron obligadas a tomar la decisión política de acabar, de forma provisional, con la tortura de la Ertzaintza, bien podían volver sobre sus pasos, pues se habían encargado de dejar los suficientes resquicios como para que ésta pudiera volver a torturar en cuanto lo considerasen necesario.

Lo sucedido con los manifestantes detenidos en Urbina fue un primer indicio de que podían estar preparando el terreno para volver a dar vía libre a las torturas de la Ertzaintza y desgraciadamente se han cumplido los peores presagios: los ertzainas han vuelto a torturar a una persona en comisaría tras más de cinco años en que no se producían denuncias de ese tipo.

El joven de Villabona Manex Castro ha denunciado ante el juez que los cinco días que ha permanecido incomunicado se le han hecho "insoportables": los golpes y empujones comenzaron desde el momento en que fue detenido y ha sufrido constantes amenazas, tanto referentes a su familia y amigos, como a ser entregado a la Guardia Civil. Además, le han obligado a permanecer en posturas forzadas, y le han impedido dormir hasta forzar su autoinculpación.

Han vuelto así a recuperar sus métodos de tortura de siempre, sin que las autoridades del PNV hayan expresado la más mínima inquietud al respecto por lo que cabe deducir que los torturadores han actuado con el absoluto beneplácito de dichas autoridades. Mas aún si se tiene en cuenta todo lo sucedido estos últimos años.

En efecto, las autoridades del PNV hicieron todo lo posible, mediante excusas, dilaciones y trampas de todo tipo, por retardar y obstaculizar la puesta en práctica de medidas de prevención que los organismos internacionales y todos quienes luchamos contra la tortura en Euskal Herria veníamos demandando desde hace un montón de años, y cuando no les quedó otro remedio adoptaron la hasta ahora única medida minimamente eficaz: empezaron a grabar también a las personas incomunicadas.

Sin embargo, transcurridos ya tres largos años y medio desde que anunciaron la adopción de dicha medida, siguen sin aplicarla con las suficientes garantías, a pesar de que entre tanto el Ararteko ha formulado una y otra vez numerosas observaciones y críticas al respecto a las autoridades de Interior.

Y encima han seguido pidiendo pruebas a los torturados por la Policía y la Guardia Civil sabiendo como saben que una de las funciones de la incomunicación es precisamente imposibilitar dichas pruebas, y que la carga de la prueba debería recaer sin duda en las autoridades españolas que pueden fácilmente grabar a los incomunicados para probar que las torturas denunciadas no se han producido, como demandan insistentemente los organismos internacionales.

Eso sí, tanto las autoridades españolas como las autonómicas vascas deben garantizar que dichas grabaciones de todo el periodo de detención se realicen con todas las garantías y sin que sea posible su manipulación. Y es evidente que ni las unas ni las otras tienen interés alguno en que así sea. La institución del Ararteko en la CAV lleva años trabajando tras ese objetivo. La actuación del Defensor del Pueblo español, mientras tanto, ha sido justo la contraria: ha hecho todo lo que ha podido para negar la terrible realidad de la tortura. ¡Menos mal que la presión de los organismos internacionales al respecto sigue incrementándose sin cesar!

Como muy bien denunció Martxelo Otamendi en un artículo en euskara publicado en el diario que dirige, Berria, «El Gobierno vasco deberá decidir de una vez por todas qué hace con la tortura. O reconoce que existe y que es estructural y adopta las medidas políticas necesarias, o niega su existencia y no hace nada.

En el primer caso –se tortura y es estructural–, deberá adoptar una decisión política firme; deberá interrumpir las relaciones administrativas (de cualquier tipo) con una administración que legitima la tortura. Más aún, no celebrará más reuniones operativas con responsables de cuerpos policiales que torturan, ni reuniones de trabajo ni reuniones protocolarias, porque sería imposible admitir un día que se tortura y el siguiente celebrar una reunión con los responsables operativos de los que torturan».

El artículo de Martxelo se titulaba “Hace falta decisión política” y lo sucedido con los manifestantes anti-TAV detenidos en Urbina y con el joven de Villabona Manex Castro muestran que las autoridades del PNV han tomado una decisión política y ésta no ha sido precisamente la que les demandaba Martxelo sino una bien diferente: han decidido no sólo no oponerse consecuentemente a las torturas de la Policía y la Guardia Civil, sino que encima han tomado la decisión política de volver a dar el visto bueno para que la Ertzaintza vuelva a torturar.

En nuestras manos está el volver a obligarles a reconsiderar, esta vez para siempre, esa gravísima decisión política.